Luego de una fuerte presión social por parte de ciudadanos dominicanos, el Gobierno respondió con un operativo en la comunidad de Mata Mosquito, en Friusa, Bávaro, donde residían cientos de haitianos indocumentados. Entre el martes y el miércoles, las autoridades migratorias y militares llevaron a cabo un desalojo masivo en el que demolieron más de 300 edificaciones precarias, construidas mayormente con zinc y madera.
Como resultado, unos 380 haitianos fueron trasladados voluntariamente a la frontera para regresar a su país, con apoyo logístico de la Embajada de Haití. Según el activista Santiago Molina, la comunidad no representaba un foco delictivo y lamentó que el operativo se realizara sin orden judicial ni previo aviso, dejando a muchas familias sin hogar y sin alternativas.
Organizaciones de derechos humanos han calificado la acción como arbitraria e ilegítima, mientras que el gobierno dominicano continúa implementando una política migratoria más estricta, intensificando las deportaciones desde octubre. Esta medida se suma a otras controversiales, como la detención de parturientas haitianas en hospitales, que ha generado preocupación a nivel nacional e internacional.
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