Villa González.– Comunitarios del distrito municipal de Palmar Arriba, en el municipio de Villa González, denunciaron la depredación de una extensa área boscosa ubicada en una loma de esa demarcación, la cual estaría siendo intervenida para dar paso a un presunto proyecto habitacional, a pesar de advertencias legales y ambientales presentadas ante las autoridades locales.
Según los denunciantes, cuatro regidores aprobaron un cambio de uso de suelo, aun cuando se les habría entregado documentación probatoria que demostraría que los terrenos no cumplen con las condiciones legales ni técnicas para ese tipo de desarrollo.
Los comunitarios aseguran que entre los documentos entregados al Concejo de Regidores figura información que indica que parte del terreno está en litigio o vinculado legalmente al Estado, además de un proceso de investigación abierto por el Ministerio de Medio Ambiente por posibles violaciones a las normativas ambientales.
“Les entregamos pruebas claras, incluso documentos que muestran que Medio Ambiente estaba investigando la zona, y aun así aprobaron el uso de suelo como si nada”, expresó una de las personas afectadas.
De acuerdo con la denuncia, el área intervenida corresponde a una loma de alto valor ecológico, actualmente nivelada con maquinaria pesada, bajo el argumento de que se construirá un proyecto de apartamentos. Sin embargo, los comunitarios cuestionan la viabilidad real de la obra y sostienen que la figura de desarrollo habitacional estaría siendo utilizada como pretexto para desmontar y degradar el terreno.
“Eso no es un terreno apto para apartamentos. Es una loma. Lo que están haciendo es destruyendo el bosque para sacar material y luego vender”, denunciaron.
Los residentes de Palmar Arriba advirtieron que la intervención representa un grave riesgo ambiental, ya que podría provocar deslizamientos de tierra, pérdida de cobertura vegetal, afectación de fuentes de agua y daños irreversibles al ecosistema.
Ante esta situación, hicieron un llamado urgente al Ministerio de Medio Ambiente, a la Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales (Proedemaren) y a otros organismos competentes, para que intervengan de inmediato, paralicen los trabajos y se investigue la actuación de las autoridades municipales involucradas.
Los denunciantes aseguran que continuarán alertando a la opinión pública y no descartan acciones legales ni movilizaciones comunitarias para defender el territorio y evitar lo que califican como un crimen ambiental.
Acerca del autor
