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La propuesta del senador de la Fuerza del Pueblo, por la Romana, Edward Espiritusanto, modificaría la Ley 50-88 y elimina la pena de prisión para casos de consumo o “simple posesión”. En su lugar, se plantea la derivación obligatoria a programas de evaluación, orientación, tratamiento y reducción de riesgos, bajo protocolos del Salud Pública.
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