SANTO DOMINGO.- El debate sobre las alzas en la tarifa eléctrica y las deficiencias de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (EDEs) ha acaparado la agenda nacional en las últimas semanas. Figuras prominentes de la oposición, como el exvicepresidente de la CDEEE, Rubén Bichara, y el exsuperintendente de Electricidad, Juan Gómez, han levantado la voz exigiendo auditorías, declaratorias de emergencia y condenando una supuesta falta de gerencia actual. Sin embargo, una revisión exhaustiva a la hemeroteca nacional de la última década revela que el escenario que hoy denuncian fue la norma estructural y operativa durante sus propias gestiones.
Los archivos de prensa documentan una crisis crónica de confianza entre el ciudadano y su medidor que se extendió de manera documentada entre 2012 y 2019. Fue una etapa caracterizada por protestas violentas en 2012 y 2018, la asfixia y quiebra de mipymes en 2013, y devoluciones millonarias ordenadas por el propio Estado hacia 2017 frente a cobros injustificados; evidencias que desnudan un sistema que las administraciones pasadas nunca lograron sincerar.
2012: Violencia y rechazo a la medición
El 3 de julio de 2012, en el sector Hato Mayor de Santiago, la frustración por los apagones de hasta 15 horas y la instalación de nuevos sistemas de cobro derivó en caos. Comunitarios destruyeron 53 medidores y quemaron el letrero de la oficina comercial de Edenorte. Para ese momento, la Superintendencia de Electricidad (SIE) estaba bajo la dirección técnica de Juan Gómez, el mismo exfuncionario que hoy pide declarar al sector en emergencia. La resistencia comunitaria al cobro era el síntoma de un modelo que ya mostraba fracturas severas en su credibilidad institucional.
2013: El asfixio comercial bajo la CDEEE de Bichara
Apenas un año después, con Rubén Bichara ya consolidado al frente de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) y Eduardo Quincoces en la SIE, el conflicto escaló del barrio al sector productivo. En mayo de 2013, Félix Brazobán Girón, propietario del Car Wash Leger en Santo Domingo Este, denunció públicamente que Edeeste lo estaba llevando a la quiebra. A pesar de tener los medidores bajo llave y control exclusivo de la EDE, la empresa le imponía penalidades y facturaciones infladas, un modus operandi que castigaba a los comercios formales para compensar las pérdidas en los sectores donde no se podía cobrar.
2017-2019: La era de las devoluciones masivas y facturas quemadas
La narrativa de eficiencia administrativa durante los mandatos del PLD choca frontalmente con las propias estadísticas oficiales de la época. En julio de 2017, la oficina de Protección al Consumidor (Protecom), dirigida por Julio Rosario bajo la SIE de César Prieto, ordenó a las distribuidoras devolver RD$10.5 millones a usuarios en un solo mes. El dato demoledor de ese boletín, que desmonta cualquier defensa sobre la eficiencia comercial de entonces, es que el 87% de las reclamaciones fueron por alta facturación.
La tensión escalaría en los años subsiguientes. En junio de 2018, en Los Alcarrizos, los comunitarios, liderados por figuras como Gabriel López, establecieron piquetes semanales contra la EDE exigiendo el fin de los apagones de 10 horas y la revisión de facturas irreales.
El punto de ebullición llegó el 26 de septiembre de 2019, bajo la plena gestión de Bichara en la CDEEE. En Bonao (Monseñor Nouel), cientos de residentes de barrios como Los Transformadores y Las Mercedes marcharon hasta la oficina de Edenorte para quemar sus facturas eléctricas en la vía pública. La respuesta oficial de los gerentes de turno fue culpar al «déficit de generación» y al disparo de plantas, el mismo argumento técnico que hoy la oposición critica.
La estocada estadística
Los datos históricos consolidados en registros de medios y observatorios como Somos Pueblo y Acento ponen en perspectiva el volumen del fallo sistémico heredado: en un periodo de dos años de esas gestiones pasadas, el Estado tuvo que obligar a las EDEs a devolver más de RD$134 millones a los usuarios. Peor aún, en registros de mediciones semestrales (marzo-agosto), hasta el 97% de las quejas formales se concentraron exclusivamente en la alta facturación.
La amnesia política
A la luz de este historial, las recientes exigencias de figuras como Bichara y Gómez resultan, cuando menos, paradójicas. La alta facturación por estimación, los cobros indebidos, el colapso del sistema de quejas y el rechazo social a los medidores no son fenómenos del año 2026; son las grietas de un edificio institucional que ellos mismos administraron y entregaron con pérdidas superiores al 30%.
El debate actual sobre la tarifa exige soluciones técnicas y transparencia por parte de las autoridades del Consejo Unificado (CUED). Sin embargo, el repaso hemerográfico deja claro que los voceros que hoy se presentan representantes del sistema eléctrico, son los arquitectos de la misma crisis de confianza que hoy denuncian..
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