MONTECRISTI.– Organizaciones ambientales y representantes comunitarios de Manzanillo solicitaron la suspensión de la construcción de dos plantas de generación eléctrica de 430 megavatios cada una, al alegar que las obras afectan la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Manglares Estero Balsa.
La solicitud fue presentada mediante una querella con constitución en actor civil depositada el viernes ante la Procuraduría Regional de Medio Ambiente de Montecristi. Los querellantes también reclaman que el consorcio Manzanillo Gas & Power, S. A., y sus principales ejecutivos respondan por los presuntos daños ambientales señalados en el documento.
Entre las entidades que respaldan la acción figuran el Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático (CNLCC), el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente (Insaproma), la Sociedad Ecológica del Cibao (Soeci) y representantes de la comunidad de Manzanillo.
Los accionantes solicitaron al Ministerio Público que apodere de urgencia al juez de la Instrucción de Montecristi y gestione una medida cautelar para detener los trabajos mientras se conocen los señalamientos incluidos en la querella.
También reclaman una indemnización de US$200 millones, o su equivalente en pesos dominicanos, por los daños y perjuicios que atribuyen al consorcio, sus empresas integrantes y las obras ejecutadas en el área. La reclamación incluye presuntas afectaciones al parque nacional, las comunidades cercanas, la biodiversidad y los propios querellantes.
Asimismo, solicitan penas de diez años de prisión para Luis Mejía Brache y Sharon Cabral Sánchez, a quienes identifican como administrador del Consejo de Administración y secretaria de la Junta de Administración del consorcio, respectivamente.
Segunda querella por el proyecto
Esta es la segunda acción judicial presentada por las organizaciones y los representantes comunitarios en relación con las plantas, que operarán con gas natural licuado y cuya inversión supera los US$1,750 millones, según el documento suministrado. El proyecto cuenta con el auspicio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
La primera querella fue depositada el miércoles 7 de octubre ante la Procuraduría General de la República. En ella, los accionantes solicitan que se procese al ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Armando Paíno Henríquez, al que atribuyen presunta responsabilidad como coautor, omisor y promotor de la instalación de las plantas en el área protegida. También reclaman una condena de diez años de prisión.
Señalamientos sobre los terrenos y las obras
Entre los principales señalamientos de la querella figura la presunta ocupación de terrenos de la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Manglares Estero Balsa para construir las dos plantas eléctricas.
Las organizaciones sostienen que, entre octubre y noviembre de 2022, el consorcio destruyó unos 575,000 metros cuadrados de vegetación y rellenó el área para construir un terraplén de más de seis metros de altura. Alegan que estos trabajos se realizaron sin los estudios correspondientes ni licencia ambiental.
Los querellantes invocan la Ley 307-04 sobre Pesca y Acuicultura y sostienen que las actuaciones denunciadas pueden ser sancionadas con penas de hasta diez años de prisión.
También acusan al consorcio de construir sobre humedales y lagunas que, según afirman, forman parte del sitio Ramsar número 2497. Además, cuestionan la construcción de una terminal marítima y un gasoducto de 832 metros, así como la instalación frente a los manglares de una unidad flotante de almacenamiento (FSU) y una unidad flotante de almacenamiento y regasificación (FSRU).
Las organizaciones advierten que la construcción y posterior operación de las plantas y sus componentes podrían provocar daños al ecosistema de la bahía de Manzanillo y al parque nacional, donde se encuentra una extensa zona de manglares.
En ese sentido, destacan la importancia de estos ecosistemas para la reproducción de especies marinas y costeras, la protección de la línea de costa ante fenómenos meteorológicos extremos, la regulación hídrica y la captura de carbono.
Fundamentos legales
La querella cita el artículo 80, literal g, de la Ley 307-04 sobre Pesca y Acuicultura, varios artículos de la Ley General sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales número 64-00 y disposiciones de la Constitución dominicana.
También invoca la Convención Ramsar, la Ley General de Salud número 42-01, la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, el Código Penal, el Código Procesal Penal y el Código Civil dominicanos.
Las acusaciones y solicitudes de sanciones forman parte de los planteamientos de las organizaciones querellantes y deberán ser evaluadas por las autoridades competentes.
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