Los jueces de la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia conoce este miércoles el recurso de apelación presentado por el fiscal Aurelio Valdez Alcántara, quien busca recuperar su libertad tras ser enviado a prisión preventiva por su presunta vinculación a un soborno de US$10,000 relacionado con un caso de corrupción en Senasa.
De acuerdo con el expediente judicial, el 13 de marzo de 2026 el imputado se reunió con el testigo Roberto Canaán en el estacionamiento de un centro comercial ubicado en la intersección de las avenidas Jiménez Moya y 27 de Febrero, en el Distrito Nacional.
Cómo operaba el presunto soborno en el caso SENASA
Durante el encuentro, el testigo abordó el vehículo del procurador fiscal, quien presuntamente utilizó información privilegiada sobre vínculos personales y propiedades para ejercer presión y dominio.
Según el expediente, el fiscal habría propuesto alterar el curso del proceso judicial a cambio de dinero. La solicitud inicial fue de US$200,000, monto que luego habría reducido a US$150,000 tras una negociación.
Además, habría mostrado interés en recibir un reloj de lujo marca Rolex y exigido la entrega de un vehículo Mercedes-Benz 350 o 450, color negro, rechazando opciones más económicas.
El imputado también habría ejercido presión mediante llamadas telefónicas. El 18 de marzo de 2026, preguntó al testigo: “¿Para cuándo está la cosa?”, fijando como fecha límite el 24 de marzo. Asimismo, habría advertido sobre la posible judicialización del caso, condicionando la situación legal del testigo al pago del soborno.
Allanamiento y arresto del fiscal imputado
El 27 de marzo de 2026, las autoridades realizaron un allanamiento en la residencia del procurador fiscal, donde fue arrestado. Durante el operativo también se ejecutó una entrega vigilada del dinero.
Ministerio Público detalla acusaciones por corrupción
El Ministerio Público sostiene que el procurador fiscal se dedicaba a recibir sobornos a cambio de manipular investigaciones bajo su responsabilidad.
En ese contexto, solicita prisión preventiva contra el imputado, acusado de gestionar y recibir US$10,000 de Roberto Antonio Canaán Acta, testigo clave en el caso SENASA, denominado “Cobra”.
Un caso de corrupción que sacude el sistema judicial
Canaán Acta también figura como testigo en el caso que involucra al exdirector Santiago Hazim, actualmente detenido en el Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras, imputado de presuntas irregularidades durante su gestión.
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