SANTO DOMINGO.- El Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional iniciará este martes el juicio de fondo contra el exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras, y el empresario José Ángel Gómez Canaán (Jochi Gómez), acusados por el Ministerio Público de presuntas irregularidades en el proceso de contratación para la modernización de la red semafórica del Gran Santo Domingo.
La audiencia está pautada para las 9:00 de la mañana y marca el inicio de una de las etapas más importantes del proceso penal, en la que las partes deberán presentar y discutir las pruebas que sustentan tanto la acusación como las defensas de los imputados.
Beras y Gómez fueron enviados a juicio de fondo el pasado 5 de junio por la jueza Yanibet Rivas, del Sexto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, quien consideró que existían elementos suficientes para que un tribunal colegiado conociera la acusación presentada por el órgano persecutor.
La acusación sostiene que se habría articulado un entramado para obtener de manera irregular un contrato valorado en más de RD$1,300 millones para la modernización de la red semafórica administrada por el Intrant.
De acuerdo con el expediente, el empresario Jochi Gómez habría tenido una participación central en las operaciones vinculadas a Transcore Latam, compañía contratada para ejecutar el proyecto de modernización.
El Ministerio Público atribuye a los imputados delitos como coalición de funcionarios, asociación de malhechores, lavado de activos, desfalco, estafa contra el Estado, sabotaje, robo de identidad y delitos de alta tecnología, entre otras infracciones.
Afirma, además, que luego de que el contrato con Transcore Latam fuera suspendido por las autoridades, se habrían producido acciones que afectaron el funcionamiento de determinados semáforos del Gran Santo Domingo.
También se vincula a otros exfuncionarios y particulares, entre ellos Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico del Intrant; Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de Tecnología; Frank Rafael Atilano Díaz Warden, excoordinador de Despacho y representante de Beras ante el Comité de Compras, y Juan Francisco Álvarez Carbuccia, director administrativo y financiero del Intrant.
En total, el proceso incluye a diez personas y sociedades comerciales, entre ellas Transcore Latam SRL, Aurix SAS, Inprosol SRL, OML Inversiones SRL, PagoRD Xchange SRL, Industria Soltex Dominicana SRL y Dekolor SRL.
El origen del caso
La investigación tomó fuerza en octubre de 2024, cuando el Ministerio Público ejecutó los arrestos de los principales imputados y presentó ante los tribunales la solicitud de medidas de coerción.
En noviembre de ese año, la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional modificó las medidas impuestas inicialmente a varios de los acusados.
Hugo Beras pasó de prisión preventiva a una garantía económica de RD$5 millones, presentación periódica e impedimento de salida del país, mientras que a Jochi Gómez se le impuso una garantía económica de RD$2 millones, además de presentación periódica e impedimento de salida.
Posteriormente, el proceso pasó por la fase de investigación y por distintos incidentes procesales antes de que se depositara formalmente la acusación en octubre de 2025.
La audiencia preliminar comenzó formalmente en marzo de 2026 y, luego de concluir los debates, la jueza Yanibet Rivas se reservó el fallo. Finalmente, el 5 de junio dictó auto de apertura a juicio contra los imputados.
Excluyen acusación de terrorismo
Uno de los aspectos relevantes de la decisión que abrió el juicio de fondo fue que el tribunal no admitió la calificación de terrorismo ni la de contrabando planteada contra los acusados.
La jueza sí admitió que el proceso continuara por las demás infracciones atribuidas a Beras, Gómez y los demás encartados, quienes deberán enfrentar el juicio bajo las acusaciones que fueron acogidas en la etapa preliminar.
La defensa de Hugo Beras ha enfatizado que el envío a juicio no significa que el exfuncionario haya sido declarado culpable.
Su abogada, Laura Acosta, afirmó que la presunción de inocencia permanece vigente y que será durante el juicio cuando se determine si las pruebas presentadas por el Ministerio Público son suficientes para establecer responsabilidad penal.
Una etapa decisiva
Con el inicio del juicio de fondo, el caso entra en una fase en la que el tribunal deberá escuchar directamente a las partes, recibir las pruebas admitidas, conocer los testimonios y valorar los argumentos de la acusación y las defensas.
El objetivo será determinar, al final del proceso, si las actuaciones atribuidas a los acusados quedaron demostradas más allá de las exigencias establecidas por la legislación penal o si, por el contrario, corresponde dictar una sentencia absolutoria.
El proceso contra Beras y Gómez se ha convertido en uno de los principales expedientes de presunta corrupción administrativa vinculados a una institución pública durante los últimos años, debido tanto al monto del contrato investigado como a las alegadas irregularidades en torno al sistema de semáforos del Gran Santo Domingo.
Ahora corresponderá al Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional determinar, tras el desarrollo del juicio, si los elementos presentados contra los implicados comprometen su responsabilidad penal o si las defensas logran desmontar las imputaciones formuladas a sus clientes o defendidos.
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